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El creciente compromiso adquirido por parte de la Unión Europea en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ha hecho que surjan numerosas actualizaciones reglamentarias y nuevas medidas para garantizar el alcance de esos compromisos.

Entre estas medidas se encuentra por ejemplo la misión europea «Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030» que da respuesta a la necesidad de reducir los efectos climáticos de las zonas urbanas. El 75% de la población europea vive en estas zonas, donde se genera el 70% de las emisiones globales de CO2, siendo además el transporte una de las principales causas del empeoramiento de la calidad del aire de las ciudades.

Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), el 71,7% de las emisiones generadas por el transporte en la UE tienen su origen en el transporte por carretera, y de éstas más del 60% son de turismos1.

Para  la  mejora  de  las  condiciones  actuales  en  las  ciudades,  desde  Europa  se  han  promovido diferentes  iniciativas  enfocadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  movilidad  urbana,  una  de  ellas relacionada con la revisión de la red transeuropea de transporte (Reglamento RTE-T). En principio, y aunque  la  consideración  sea  voluntaria,  más  de  424  ciudades  grandes  y  medianas  deberían desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) a 2025 con el objetivo de mejorar el transporte y la movilidad dentro de las ciudades, así como la eficiencia de los servicios de mercancías.

Otra medida ligada con los PMUS son los regímenes de regulación del acceso de vehículos a zonas urbanas (UVAR, por sus siglas en inglés). Entre los tipos de UVAR, la mayoría  de  los  más  de  500  establecidos,  un  73%, corresponden a zonas de bajas emisiones (ZBE) y cero emisiones.

En  concreto,  había  implementadas  228  ZBE  en  2019, aumentándose a mediados del año pasado en 92 ZBE, lo que supone un 40% más en tres años. La implantación de  ZBE  en  Europa  va  a  seguir  incrementándose.  Se estima que al menos se alcancen las 507 ZBE en 20252.

Italia es de los países que más ZBE tiene implantadas con un total de 172, seguido de Alemania y Países Bajos.

Este panorama cambiará debido a los marcos normativos y a sus exigencias sobre la implantación de ZBE en países como Francia y España. Hay que mencionar que desde Europa estas exigencias de implementación  no se  contemplan  en  ninguna  normativa.  Lo  que  si  se  han  elaborado  son documentos de orientación y directrices para el desarrollo e implementación de PMUS3.

Es importante tener en cuenta que, aunque a nivel europeo no existe una exigencia, a nivel nacional la Ley de Cambio Climático y Transición Energética4  en su artículo 14.3 define la obligatoriedad de implantar PMUS y como medida dentro de esos planes, la implementación de ZBE. Se trata por tanto de una iniciativa de la Administración española que se adelanta a muchos de nuestros socios europeos

El pasado mes de septiembre desde CEOE se elaboró el informe sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España analizando la implementación de las ZBE en cumplimiento del artículo 14.3 de la ley de cambio climático en cuanto a la población que se verá expuesta, en base a las últimas cifras oficiales de población de 2021 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se determinó que un total de 149 municipios de más de 50.000 habitantes, a los que se suman otros 16 municipios más, implantarán una ZBE. El desarrollo de una ZBE en estos otros municipios se debe a condiciones externas a la Ley nacional, ya sea por solicitudes de ayudas, implantación voluntaria o normativa autonómica más restrictiva.

Estos 165 municipios representan el 53,7% de la población,  lo  que  significa  que  más  de  la mitad de los españoles estarán expuestos a una ZBE a partir de este año 2023. Esto sin contar con el total de la población de los territorios insulares.

Si se realizase el análisis poblacional de la totalidad de los territorios insulares, como se detalla en la Ley, la población expuesta alcanzaría el 57,2%. El establecimiento de las ZBE en territorios insulares conllevará la coordinación entre las entidades locales y autonómicas.

A su vez, serán 265 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes los que deberán tener preparado un PMUS que incorpore entre sus medidas el establecimiento de ZBE, en caso de superaciones de los valores límite de emisión y poniendo en riesgo la calidad del aire5.

En primera instancia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), en colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), elaboró a finales de 2021, las Directrices6 para el diseño y la creación de ZBE. Con el fin de armonizar y definir el contenido mínimo de los proyectos de ZBE, sus objetivos concretos y cuantificados, monitorizados y evaluados, y a su vez incentivar su implementación. Posteriormente, el pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE, el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones7 y por el que se crea el marco jurídico estable para su desarrollo.