El pasado 17 de agosto, el consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU) Sometido al autoritarismo del Régimen de Ortega, ordenó la confiscación de la prestigiosa Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) argumentando falazmente que había cometido un delito de terrorismo contra el estado.

Sin que exista un fallo judicial formal, las autoridades de la universidad se vieron obligadas a suspender su trayectoria docente e investigadora de más de 60 años dejando sin posibilidades de progreso académico a cientos de estudiantes y docentes. El Régimen orteguista da muestras así su total desprecio a la Academia, a sus integrantes y trabajadores que la conforman. Este asalto injustificado se viene realizando de manera sistemática contra todas las universidades que no se ajustan a las indicaciones e instrucciones del Régimen, como es el caso también de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPLI), intervenida por el mismo cargo sin que, de nuevo, exista un fallo judicial formal con las mínimas garantías procesales. La consecuencia es que cientos de estudiantes se ven obligados a exiliarse y a emigrar para finalizar sus estudios, así como sus docentes y trabajadores, viéndose obligados a un futuro siempre incierto.

La Compañía de Jesús en Centroamérica desarrolla una amplia labor pastoral universitaria y de migración, que les permite estar cerca de la realidad de un pueblo como el de Nicaragua, donde les cancelaron su personalidad jurídica y les expropiaron la Universidad Centroamérica, pero aun así continúan en su labor. El portavoz de los jesuitas, el sacerdote José María Tojeira desde El Salvador cuenta a Vatican News que “al ser la universidad productora de conocimiento y pensamiento crítico y abierto, el gobierno tendía a verla casi automáticamente como enemiga”.

“La constancia y la resistencia en los valores cristianos acaban siempre venciendo, aunque haya momentos en que tengamos que pasar por la cruz”, dice el jesuita reconociendo además que “la expulsión o la confiscación de bienes es siempre parte del horizonte que vislumbran los religiosos y religiosas presentes en el país”.

Los jesuitas además de la UCA, hoy en manos del gobierno, dirigen dos colegios de enseñanza media y la red internacional de Fe y Alegría, que tiene más de 800 colaboradores, entre laicos, religiosos y sacerdotes, y atiende, entre educación formal e informal a un poco más de 54.000 personas. Hasta hace poco tenían también una parroquia que está en proceso de traslado al arzobispado de Managua a causa de la salida del país del jesuita que la atendía y la dificultad de que puedan llegar sustitutos.

La expulsión o la confiscación de bienes es siempre parte del horizonte que vislumbran los religiosos y religiosas presentes en el país. Las Hermanas de la Caridad (Sta Teresa de Calcuta), las Hijas de la Caridad (Sta Luisa de Marillac), la Dominicas de la Anunciata, entre otras congregaciones, ya han sido despojadas de sus pertenencias y expulsadas del país total o parcialmente. De todos modos es ejemplar la constancia en el trabajo de quienes no solo permanecen sino desean permanecer a pesar de los riesgos y hostilidad gubernamental.